El Protocolo de Olivos (2002), entró en vigor en 2004, estableciendo el Tribunal Arbitral Permanente de Revisión del Mercosur (TPR), con sede en la ciudad de Asunción (Paraguay). Ese tribunal fue concebido con el objetivo de sanar una de las fuentes de inseguridad jurídica en el Mercosur, que era la falta de un tribunal permanente para resolver litígios de manera rápida y objetiva. Se trata de un tribunal de revisión, con cualificación para modificar los laudos arbitrais adoptados por árbitros ad hoc de primer ejemplar.