criminalidad en el brasil - Wikilingue - Encydia
La criminalidad en el Brasil ocurre debido a carencia de recursos económicos y técnicos, aliada a la falta de apoyo político-institucional, en el gobierno federal y principalmente en los gobiernos estaduais, en el Legislativo y en la Judicatura.
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Causas
Según el III Informe Nacional sobre Derechos Humanos en el Brasil, la ineficácia del Estado ante el aumento de la violencia genera aún más violaciones de derechos humanos e impunidad, además de aumentar el sentimiento de inseguridad y revuelta de la población.
Datos
En consonancia con el estudio, 48.374 personas murieron víctimas de agresión en 2004, una media de 27 por grupo de 100 mil habitantes.
En el rango etária de 15 a 24 años, fueron 18.599 muertes, media de 51,6 por 100 mil. Entre 2002 y 2005, 3.970 personas fueron muertas por policías en el Río de Janeiro y, en de São Paulo, 3.009. El estudio apuntó también un aumento de los conflictos rurales que pasaron de 925 en 2002 para 1.881 en 2005. El número de muertes en esas disputas casi duplicó en el periodo, subiendo para 102 víctimas.
La conclusión es de que hube retroceso en esa área de 2002 a 2005 .
Trabajo infantil como forma de violencia
Ver artículo principal: La explotación del trabajo infantil creció expresamente en el Nordeste y Sudeste del Brasil, presentando decréscimos en las otras regiones. El estudio muestra igualmente que 151.227 nuevos casos de trabajo infantil fueron detectados de 2004 para 2005, subiendo de 1.713.595 para 1.864.822 registros.
Otra conclusión del informe es a de que persiste el trabajo esclavo en todas las regiones del Brasil, a la excepción del Sur.
En 2004, los investigadores de la USP registraron 8.806 casos de trabajo análogo al esclavo en el país.
Puniciones
El informe enfatiza que la mayoría de los homicidios es precariamente investigada y que una "ínfima parte de los responsables es denunciada y condenada".
La conclusión es de que hube retroceso en esa área de 2002 a 2005.
El estudio apunta también fallos en los sistemas policial y penitenciario y denuncia la participación de autoridades en violaciones a los derechos humanos.
