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Constitución portuguesa de 1911

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La Constitución Política de la República Portuguesa de 1911 fue la cuarta constitución portuguesa, y la primera constitución republicana del país.

Tabla de contenido

Precedentes

En 11 de Marzo de 1911 , el Gobierno Provisional de la República Portuguesa procedió a la publicación de una nueva ley electoral (destinada a sustituir la ley del gobierno de Hintze Ribeiro de 1895 , conocida como la «ignóbil porcaria»), con miras a la realización de elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), lo que se verificaría en 28 de Mayo de 1911 .

Fueron elegidos 226 diputados, en su gran mayoría afectos al Partido Republicano Portugués, el grande obreiro del 5 de Octubre, teniendo la Asamblea iniciado sus trabajos en 19 de Junio de 1911 , bajo la presidencia del venerando Anselmo Braamcamp Freire; en la sesión inaugural, declaró abolida la Monarquía y reiteró la proscrição de la familia de Bragança; sancionó por unanimidad la Revolución de 5 de Octubre y declaró beneméritos de la Patria los que combatieron por la República; confirió legalidad a todos los actos políticos del Gobierno Provisional, eligiendo de seguida una Comisión que quedó encargada de elaborar un Proyecto de Bases de la Constitución, constituida por João Duarte de Menezes, José Barbosa, José de Castro, Correa de Leemos y Magalhães Lima (este último como relator de la Comisión).

Influencias y objetivos

Las Constituciones Monárquicas Portuguesas de 1822 y de 1838 (sobre todo la primera, de más radical), la Constitución de la República Brasileña de Febrero de 1891 , así como el programa de la P.R.P. fueron las fuentes de la primera Constitución de la República Portuguesa. Por su radicalismo democrático, se puede bien afirmar que la Constitución de 1911 es uno retorno al espíritu vintista, expresamente con la consagração del sufrágio directo en la elección del Parlamento, la soberanía residente en la Nación y la tripartição de los poderes políticos.

Sin embargo, fueron presentados a la ANC doce propuestas para la nueva Constitución, entre las cuales avultam las de Teófilo Braga, Basílio Teles, Hacha Santos, del periódico «La Lucta» (de Brito Camacho) o de la tienda maçónica Gremio Montaña, aunque ninguno de ellos en nombre de la P.R.P. o del Gobierno Provisional.

La discusión que precedió la aprobación de la Constitución fue bastante ancha, incidiendo principalmente sobre el problema del presidencialismo, presente en el esbozo de la Comisión a que presidía Magalhães Lima (orientación que vendría a ser rechazada, aunque por un pequeño margen de votos), y sobre la cuestión de la existencia de una o dos Cámaras (ya que el principio de la supremacia parlamentaria se hube hecho relativamente consensual), prevaleciendo esta última hipótesis.

A pesar de eso, el nuevo texto constitucional fue redactado un tiempo récord de tres meses, habiendo sido aprobada en 18 de Agosto de 1911 , y entrado en vigor el día 21 de ese mismo mes. El texto fue firmado por Anselmo Braamcamp Freire, como Presidente, y por Baltazar Teixeira y Castro Leímos, como secretarios.

Características del texto constitucional

La Constitución Política de la República Portuguesa de 1911, diploma regulador de la vida política de la I República, se destaca por haber consagrado un nuevo régimen político (la República), más allá de ser el más corto texto de la historia constitucional portuguesa – tiene sólo 87 artículos, agrupados por siete títulos, a saber:

Aunque al largo de los casi cien años de existencia de la República en Portugal, muchos historiadores hayan afirmado peremptoriamente que «la única originalidade de la Constitución de 1911 fue la sustitución del Rey por el Presidente» [1] (lo que, sólo por sí, acarrea otros cambios, como la sustitución de la sucesión hereditária por la elección política del Jefe del Estado), un análisis sumária de la Constitución permite demostrar el contrario, verificándose varios aspectos importantes.

Derechos y garantías

La Constitución consagraba, en su Título II (De los derechos y garantías individuales), los derechos y garantías individuales típicamente liberales, ya inclusos en las anteriores Constituciones y en la Carta Constitucional. Con efecto, al largo de los treinta y ocho números del art.º 3.º, son consagrados un vasto abanico de derechos, de los cuales se destacan la libertad (n.º 1) – definida por la fórmula «nadie puede ser gracias a hacer o a dejar de hacer alguna cosa sino en virtud de la Ley» –, la igualdad civil (n.º 2) – traducida en el principio «la Ley es igual para todos» –, el derecho de propiedad (n.º 25), o el derecho de resistencia a cualesquier medidas tendentes a deprimir las garantías individuales legalmente salvaguardadas (n.º 37).

A estos se juntaron nuevos derechos característicamente republicanistas, y la afirmación plena de otros, como la igualdad social (n.º 3) entre todos los ciudadanos – precepto resultante de la negação de cualquier privilegio de nacimiento, de los foros de la nobleza, y aún de la supressão de los títulos nobiliárquicos, de las dignidads del pariato y de los consejeros, y hasta de las órdenes honoríficas tradicionales (lo que, como es evidente, no remitía para una igualdad económica, algo que la República nunca consiguió realizar, no habiendo encontrado medios para eliminar las precarias condiciones de vida de la gran masa de la población) –, o aún las libertades de expresión y de pensamiento (n.º 13), de reunión y de asociación (n.º 14), y el derecho a la asistencia pública (n.º 29).

Por fin, también el laicismo se hizo un derecho constitucional, postulado a través de la libertad de creencia y de conciencia (n.º 4), de la igualdad de todos los cultos religiosos (n.º 5), de la secularização de los cementerios (n.º 9), de la laicização de la enseñanza (n.º 10), de la inadmissibilidade en Portugal de las congregações religiosas y de la Compañía de Jesus (n.º 12) y de la obrigatoriedade del registro civil (n.º 33). Se cumplía así, después de las Leyes emanadas del Gobierno Provisional, el programa de laicização y secularização que había sido uno de los puntos más acentuados en la propaganda republicana.

Ya algunas propuestas de tendencia más socialista (o por lo menos socializante), defendidas entre otros, por Afonso Costa o Magalhães Lima, fueron rechazadas, y aunque ya hubiera sido anteriormente decretado el derecho a la huelga (Diciembre de 1910 ), tal no fue consagrado como un derecho constitucional.

La Constitución de 1911 alejó aún el sufrágio censitário vigente durante la Monarquía ; pero, tampoco consagró el sufrágio universal, pues no confirió capacidad electoral a la mujeres, a los analfabetos y, en parte, a los militares. A la vez, fue también la primera constitución portuguesa que estableció la prestación del servicio militar obligatorio (art.º 68.º).

Organización política del Estado

En consonancia con la Constitución de 1911, la soberanía, cabía única y exclusivamente a la Nación (art.º 5.º), ejerciéndose a través de los tres poderes tradicionales: el ejecutivo – de la cualificación del Presidente de la República y del Gobierno –, el legislativo – detenido por el Congreso de la República –, y el judicial – ejecutado por los Tribunales (art.º 6.º).

El Congreso

El poder legislativo detenía la supremacia entre ellos, siendo ejercido por el Congreso de la República (art.º 7.º), una asamblea que tenía una estructura bicameral, formada por la Cámara de los Diputados (a la cual competía la iniciativa de los actos de mayor significado político) y por Senado o Cámara de los Senadores (que representaba fundamentalmente los distritos administrativos y las provincias ultramarinas); ambas eran electas por sufrágio directo (art.º 8.º), alejándose así el principio de una Cámara Alta electa por sufrágio indirecto o nombramiento del poder ejecutivo (como sucedía en la Cámara de los Pares).

Los diputados eran elegidos de tres en tres años (correspondientes a la duración de una legislatura), de entre ciudadanos con edad mínima de 25 años (art.º 7.º, § 3.º). Por su turno, sólo podían candidatarse al cargo de senador ciudadanos con un mínimo de 35 años, siendo la elección realizada de seis en seis años (duración de una legislatura senatorial). Pero, mitad de los elementos de Senado era renovada siempre que ocurrieran elecciones para la Cámara de los Diputados (art.º 24.º y suyo §). Cada sesión legislativa tenía la duración de cuatro meses, prorrogabais por deliberação del Congreso (art.º 23.º, alínea f).

Las iniciativas de Ley pertenecían indistintamente a los Diputados o a los Senadores, o aún al Gobierno, excepto en el tocante a proyectos de Ley versando determinadas materias, previstas en el texto constitucional, de la cualificación exclusiva de la Cámara de los Diputados (art.º 26.º y 28.º).

Era el Congreso el órgano superior de la soberanía de la República. Pero, tal supremacia parlamentaria era llevada al extremo. Elegía (art.º 26.º, n.º 19) y podía destituir el Presidente de la República, desde que esta medida fuera aprobada por 2/3 de sus miembros (art.º 26.º, n.º 20 y art.º 46.º). Eran aún las dos Cámaras que, a través de la votación de mociones de confianza o desconfianza, se pronunciaban sobre la política gubernamental. Siempre que el Gobierno no obtuviera la confianza de las dos Cámaras, sería gracias a dimitirse.

El Presidente

El Presidente de la República, elegido por el Congreso para un mandato de cuatro años no renovable en el quadriénio subsequente (art.º 38.º y 42.º), tenía funciones meramente honoríficas y representativas, cabiéndole representar el Estado Portugués (art.º 37.º y 46.º). No tenía cualquier autoridad sobre el Congreso de la República (que podía, como fue referido, lo dimitís por una mayoría de dos tercios) – en la versión original de la Constitución, no lo podía disolver o prorrogar sus sesiones –, limitándose la promulgar obligatoriamente las Leyes que en él fueran votadas (art.º 33.º). No podía ejercer el derecho de veto, ni siquiera suspensivo (estaba aún previsto una forma de promulgação tácita, en el caso del Jefe de Estado no pronunciarse en el plazo de 15 días – art.º 31.º).

Por fin, su elección estaba condicionada a algunos formalismos, algunos de los cuales aún hoy perduram – eran sólo elegíveis para el cargo los ciudadanos portugueses con más de 35 años de edad y que estuvieran en el gozo pleno de sus derechos cívicos (art.º 39.º), siendo alejados de la elección los descendientes de los Reyes de Portugal y los parientes del Presidente de la República que cesaba el mandato (art.º 40.º).

El Gobierno

El Gobierno, detentor del poder ejecutivo, era compuesto por un conjunto de Ministros solidários entre sí, que escogían de entres ellos un Presidente de Gobierno, que chefiava el mismo, generalmente en acumulação con una o más carpetas (art.º 53.º). Aunque fuera nombrado por el Presidente de la República (art.º 46.º, n.º 1), el Gobierno era políticamente responsable sólo ante el Congreso (teniendo la obligación constitucional de asistir a sus sesiones), y sólo por este último podría ser exonerado, mediante los votos de confianza o de censura de las respectivas cámaras (art.º 52.º).

Otras disposiciones

La Constitución establecía aún un régimen de descentralização administrativa, adecuado cada colonia (art.º 67.º). Por fin, estaba aún prevista una revisión ordinaria del texto constitucional de 10 en 10 años, pudiendo esta ser anticipada en 5 años si así lo resolvieran dos tercios de los miembros del Congreso, en sesión conjunta (art.º 82, § 1.º y 2.º).

De esta forma, la Constitución de 1911 instituía en Portugal un régimen parlamentarista, o sea, en que el Parlamento y el poder legislativo detenían la supremacia al nivel político. Esa es una de las principales causas apuntadas para la inestabilidad política del régimen, ya que el Congreso se imiscuía en todos los actos governativos, exigiendo constantes explicaciones a los ministros, cheagando aún la enveradar por la vía de los ataques personales y de los insultos. Fue en este desequilibrio en la bisagra de los poderes políticos que residió, en último análisis, una de las causas de la caída del régimen.

Vigencia

La Constitución de 1911 vigoró en nuestro País entre 21 de Agosto de 1911 (fecha de su entrada en vigor) y 9 de Junio de 1926 (fecha de la publicación del decreto ditatorial que disolvió oficialmente el Congreso de la República, altura en que cesó de hecho la vigencia de la misma, viniendo sólo a ser sustituida por el texto constitucional que entraría en vigor siete años más tarde, después de plebiscito , en 11 de Abril de 1933 ).

Revisiones y suspensiones

La Constitución fue suspensa durante la breve dictadura de Pimenta de Castro, en Mayo de 1915 , y sufrió su primera revisión en 1916 (Ley n.º 635, de 28 de Septiembre), habiendo sido reintroduzida la pena de muerte en el teatro de guerra .

En 1918, en la secuencia del triunfo del golpe de Sidónio Padres, la legalidad constitucional fue quebrada de una forma más perdurable – Sidónio publicó ditatorialmente el decreto n.º 3997 de 30 de Marzo de 1918 (no fue, pues, una revisión del texto constitucional), lo que significaba, de hecho, una ruptura con el anterior texto constitucional, ya que vino a instituir una orientación presidencialista, antiparlamentar y acentuadamente autocrática en la República ; más allá de eso, este decreto establecía aún una segunda Cámara parcialmente corporativa (pasaron a tener en ella asiento los representantes de diversas categorías profesionales – agricultura, industria, comercio, servicios públicos, profesiones liberales y artes y ciencias ). Este decreto instituía también el sufrágio universal, concedido a todos los ciudadanos del sexo masculino mayores de 21 años, independientemente de su situación de económica o de alfabetização, y posibilitaba aún la elección directa del Presidente de la República por el voto popular.

Esta tan grande revolución operada del punto de vista institucional y constitucional lleva algunos historiadores a llamar aún a este decreto ditatorial «Constitución de 1918», ressalvando, sin embargo, las debidas diferencias faz a una verdadera Constitución.

Por su muerte, el Congreso repuso en vigor el statu quo anterior, imponiendo la Constitución de 1911 y revocando todas las disposiciones relativas al presidencialismo y corporativismo, así como a la naturaleza del sufrágio (Ley n.º 833, de 16 de Diciembre de 1918 ).

La Constitución sufriría aún más algunas alteraciones, establecidas a través de cuatro sucesivas Leyes de revisión constitucional, en una tentativa desesperada de obtener mecanismos auto-reguladores del sistema político democrático:

Referencias

  1. Cf. REYES, António (dir.), Portugal Contemporáneo, tomo II, Lisboa, Publicaciones Alfa, 1996, p. 90.

Conexiones externas

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